Un grupo de diputados presentaron este miércoles, una acusación constitucional conocido como juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, tras escándalo desatado con los Pandora Papers y su vinculación con la venta del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal.
Con la recolección de 15 firmas los legisladores tramitaron ante la Cámara de Diputados, el recurso contra el jefe de Estado por afectar el honor de la nación, la Constitución y las leyes.
En el año 2010 Piñera y su familia vendieron acciones del proyecto Dominga por 152 millones de dólares a su amigo y empresario Carlos Alberto Délano, según reporte en documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot.
La investigación precisó que parte de la transacción se realizó en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y el pago debía efectuarse en tres cuotas, el último pago estaba condicionado a que la zona del yacimiento no fuera declarada como área de protección ambiental.
En este sentido, el jefe de bancada del Partido por la Democracia, Raúl Soto declaró a la agencia Prensa Latina, “creemos que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que ningún órgano del Estado puede quedar en la inercia sin actuar”, indicó.
Por su parte la diputada del partido Comunes, Claudia Mix, puntualizó que existe un respaldo transversal de la oposición a la iniciativa y algunos parlamentarios de derecha están dispuestos a revisarla.
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Este tipo de acusaciones constitucional es aplicado a las autoridades señaladas de incurrir en infracciones que justifiquen su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública, en esta oportunidad se necesita en la Cámara Baja y dos tercios en el Senado para su aprobación.
Los diputados confían que la moción pueda ser analizada antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el próximo 21 de noviembre.
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Cabe resaltar que Piñera, fue imputado por la Fiscalía chilena por delitos tributarios y de cohecho en la compraventa de la minera sumado a la posibilidad de un juicio político.
