El pasado miércoles, el Gobierno de Bolivia llevó a cabo una operación especial para detener al gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por esta presuntamente implicado en la investigación por el caso ‘golpe de Estado I‘, perpetrado en el 2019 contra el ex mandatario Evo Morales.
— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) December 28, 2022
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía General del Estado de la nación antillana, realizó el anuncio sobre la detención “en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz”.
«La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política (Camacho), por el contrario, fue emitida en el mes de octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del juez décimo de instrucción en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz», continúa el texto.
En este sentido, el gobernador fue trasladado a las 16:00 hora local desde El Alto hasta La Paz, donde fue recluido en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Camacho goza de plena condiciones físicas
Vale la pena mencionar, que tras la detención, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, indicó que a Camacho se le han respetados sus derechos humanos y goza de plena salud para enfrentar el proceso judicial.
1/2 Comunicamos al pueblo boliviano que, tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, hemos instruido que se le realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad. pic.twitter.com/9WSvGZWoUz
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) December 28, 2022
Esto es realizado luego de que se difundieran rumores sobre las supuestas lesiones que sufrió al momento de su captura.
Camacho conocía el proceso judicial en su contra
Por otra parte, es importante detallar que Camacho tenía «pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 20 de noviembre de 2020«. Y es investigado “por el delito de terrorismo debido a su participación activa en el golpe de Estado a Evo Morales, en noviembre del 2019, y la posterior juramentación de la presidenta de facto Jeanine Áñez”.
